Izquierda, derecha y la batalla por el lenguaje

En la Crítica de la razón pura, Kant denuncia la propensión de la mente a deducir verdades absolutas sin discernir las particularidades que las sostienen. Su hipótesis ha sido corroborada por la psicología de la Gestalt, para la cual la mente tiende a percibir el todo antes que las partes que lo componen. De allí que un estudiante capaz de leer apenas veinte páginas de un libro de trescientas, o su solo prólogo, llegue a imaginar el contenido completo de la obra sin haberla leído. Dicho ejercicio resulta peligrosísimo. Ya lo advirtió Alexander Pope: «Un poco de saber es cosa peligrosa». Schopenhauer, por su parte, distinguió a los filósofos que leían enciclopedias de filosofía de aquellos que leían directamente a los filósofos, y calificó a los primeros de filósofos flojos. Leer poco e investigar poco resulta, de hecho, contraproducente.

Verbigracia: el presidente colombiano de la izquierda radical, Gustavo Petro, se jactaba de leer exhaustivamente y solía refutar a sus opositores mediante la falacia de autoridad, recomendándoles que leyeran tanto como él. Todo aquel prestigio intelectual se derrumbó el día en que publicó, en su cuenta de Twitter, una fotografía junto a la senadora chilena Isabel Allende Bussi, convencido de haber conocido a la célebre novelista del realismo mágico que lleva el mismo nombre. Quienquiera que hubiera leído un solo libro de Isabel Allende habría reconocido de inmediato a la escritora, aunque solo fuera por su costumbre de incluir una fotografía de su rostro en la contraportada de cada uno de sus libros.

El filósofo checo Karel Kosík se atrevió a cuestionar los dogmas de la izquierda mediante el concepto de la pseudoconcreción, lo que le valió toda una vida de oscura celebridad. Sus advertencias, sin embargo, han sido desoídas por el socialismo radical del siglo XXI en América Latina: aquel que ha aceptado en secreto su connivencia con el narcotráfico como forma legítima de lucha, y que depone gobiernos libertarios mediante asonadas respaldadas por bots falsos de Twitter, documentales amañados de la prensa rusa e infiltraciones en las ramas judiciales y en los sindicatos educativos. Sus dos fundamentos ideológicos más sólidos —el maniqueísmo y la generalización— reproducen, en el terreno político, la misma propensión de la mente que Kant había denunciado en el terreno del conocimiento: la de formular conclusiones absolutas a partir de impresiones parciales.

La derecha designa hoy realidades que apenas mantienen parentesco entre sí: liberales clásicos, conservadores, demócratas cristianos, libertarios, nacionalistas y republicanos son agrupados bajo una misma etiqueta únicamente porque se oponen, en mayor o menor medida, al socialismo. La izquierda moderna posee una genealogía doctrinal relativamente coherente que parte de Marx, Engels, Lenin o Gramsci y se prolonga en numerosas organizaciones internacionales; la llamada derecha, en cambio, constituye una categoría mucho más heterogénea, cuyo significado contemporáneo ha sido moldeado en buena medida por la hegemonía cultural e intelectual alcanzada por el propio marxismo. La oposición surgida durante la Revolución francesa entre la izquierda y la derecha adquirió, a lo largo de los siglos XIX y XX, un contenido progresivamente redefinido por esa nueva gramática política, hasta el punto de que corrientes liberales, conservadoras, republicanas o demócrata-cristianas —históricamente enfrentadas entre sí— terminaron siendo percibidas como integrantes de un mismo bloque. Tras la Segunda Guerra Mundial, el fascismo italiano y el nacionalsocialismo alemán fueron incorporados casi unánimemente al campo de la extrema derecha, pese a que diversos historiadores han señalado las raíces socialistas de algunos de sus principales dirigentes y numerosos elementos de su organización económica y política. El resultado fue una extraordinaria ampliación semántica: bajo la palabra «derecha» comenzaron a reunirse tradiciones intelectuales cuya coincidencia más evidente consistía, muchas veces, únicamente en su oposición al socialismo revolucionario.

El movimiento no se detuvo allí. La disputa dejó de librarse exclusivamente en el terreno de las instituciones para trasladarse también al del lenguaje. Conceptos como democracia, libertad, justicia social, derechos humanos o progreso fueron adquiriendo significados distintos según el horizonte ideológico desde el cual eran utilizados. Durante la Guerra Fría, el llamado «mundo libre» convirtió la democracia liberal en el principal criterio de legitimidad internacional, mientras el bloque soviético reivindicaba para sí la representación de la democracia popular y de la emancipación de los trabajadores. Cada uno de los dos sistemas aspiró a monopolizar el lenguaje moral de su tiempo. Caído el muro de Berlín, aquella disputa no desapareció: simplemente cambió de escenario. En buena parte del discurso político contemporáneo, los gobiernos que aceptan las reglas del mercado financiero internacional y de la alianza atlántica suelen ser presentados como representantes naturales de la democracia liberal, mientras que quienes cuestionan ese orden son descritos con frecuencia como populistas, autoritarios o enemigos del orden democrático. La palabra «democracia» ha terminado por designar, en demasiadas ocasiones, no un régimen político definido por instituciones concretas, sino la pertenencia simbólica a uno u otro campo ideológico.

Antonio Gramsci comprendió antes que nadie que la hegemonía política comienza por la hegemonía del lenguaje. Quien consigue nombrar a su adversario obtiene ya una ventaja decisiva antes incluso de iniciar el debate. Las palabras dejan entonces de describir la realidad para convertirse en instrumentos destinados a organizarla. La verdadera batalla no consiste únicamente en conquistar los gobiernos, sino en imponer las categorías mediante las cuales la sociedad interpreta la historia, juzga a sus dirigentes y distribuye el prestigio moral entre vencedores y vencidos.

En ese contexto, la decisión de Javier Milei de rechazar el término «derecha» y autodenominarse «libertario» no responde a un mero capricho retórico, sino a una estrategia de desactivación semántica. Si la palabra «derecha» funciona como una bolsa de gatos donde conviven tradiciones irreconciliables —desde el liberalismo clásico hasta el nacionalcatolicismo, desde el anarcocapitalismo hasta el republicanismo conservador—, cualquier opositor del socialismo que acepte esa etiqueta queda inmediatamente incorporado a una categoría cuyo significado ha sido construido durante décadas por sus propios adversarios. La discusión deja entonces de girar alrededor de sus ideas para hacerlo alrededor de una identidad previamente definida: la del reaccionario, el defensor de privilegios o el enemigo del pueblo.

El término «libertario», por el contrario, posee una genealogía filosófica propia. Remite a la defensa de la libertad individual, de la propiedad privada, de los mercados libres y de la limitación del poder estatal. Al apropiarse de esa denominación, Milei desplaza el eje mismo de la discusión. El enfrentamiento ya no se presenta como una disputa entre derecha e izquierda, sino entre libertad y colectivismo. El terreno conceptual cambia por completo, pues el adversario pierde la capacidad de definir de antemano el significado de las palabras con las cuales será juzgado. La jugada consiste, precisamente, en arrebatar a la izquierda uno de los principales instrumentos de toda hegemonía cultural: el privilegio de nombrar a sus enemigos.

No se trata de negar la existencia histórica de la derecha, ni de afirmar que todas las corrientes agrupadas bajo ese nombre sean equivalentes al liberalismo libertario. Muy por el contrario, el propósito consiste en cuestionar una clasificación que ha terminado por reunir bajo un mismo rótulo doctrinas profundamente incompatibles entre sí. Resulta difícil encontrar un proyecto político común entre un monárquico tradicionalista, un conservador británico, un demócrata cristiano alemán, un libertario estadounidense y un republicano constitucionalista; sin embargo, todos ellos son designados habitualmente como integrantes de una misma familia política. La categoría pierde así buena parte de su utilidad analítica para convertirse, sobre todo, en una herramienta de simplificación ideológica.

Si la izquierda necesita definirse por oposición a la derecha, el libertario intenta romper precisamente esa dicotomía. Al negarse a aceptar una etiqueta cuyo significado ha sido moldeado durante décadas por la hegemonía cultural de sus adversarios, obliga a replantear el propio mapa conceptual del debate político. La discusión deja entonces de girar alrededor de la oposición convencional entre izquierda y derecha para concentrarse en una cuestión mucho más antigua y profunda: cuál debe ser el límite del poder sobre la vida de los individuos. En ese desplazamiento reside, probablemente, la verdadera originalidad de la estrategia de Milei. Si la izquierda solo puede comprenderse plenamente en oposición a una derecha previamente definida, la negativa del libertario a ocupar ese lugar deja a su adversario sin el contraste conceptual sobre el cual había construido buena parte de su propio discurso.

Precisamente por ello, el peligro no reside únicamente en la izquierda como doctrina, sino también en el imaginario político que ella ha construido alrededor de su supuesto contrario. Si la «derecha» constituye, en buena medida, una categoría semántica que reúne tradiciones profundamente distintas, también puede convertirse en una profecía autocumplida. Quien acepta desempeñar el papel que su adversario le ha asignado termina, poco a poco, comportándose conforme a esa caricatura. La historia demuestra que los movimientos nacidos para contener una amenaza suelen reproducir, con el tiempo, algunos de los mismos vicios que pretendían combatir. La concentración del poder, el clientelismo, la formación de círculos cerrados de influencia y la progresiva confusión entre el Estado y el partido no pertenecen a una ideología determinada: constituyen tentaciones permanentes de toda organización política.

Colombia ofrece un ejemplo particularmente ilustrativo. El primer gobierno de Álvaro Uribe logró restaurar buena parte de la seguridad que el país había perdido durante los años anteriores. Disminuyeron los secuestros, se recuperaron extensas zonas del territorio nacional y muchos ciudadanos experimentaron por primera vez, después de décadas, la posibilidad de desplazarse por las carreteras sin el temor constante de caer en manos de la guerrilla. Quienes vivimos aquella época recordamos el alivio colectivo que produjo esa recuperación del monopolio legítimo de la fuerza por parte del Estado.

Sin embargo, toda reacción prolongada contra un enemigo corre el riesgo de deformarse. El fortalecimiento de las estructuras paramilitares, las denuncias sobre relaciones entre dirigentes regionales y esas organizaciones, así como la aparición de redes de influencia que terminaron confundiendo intereses privados con funciones públicas, revelaban ya una deriva distinta del proyecto inicial. En numerosas regiones comenzó a instalarse la percepción de que determinados grupos gozaban de una influencia que desbordaba los límites propios del Estado de derecho. Recuerdo incluso el caso de una familiar que prefirió renunciar a su empleo después de que una compañera le advirtiera que mantenía una relación sentimental con un comandante paramilitar y que sería prudente no continuar el conflicto. Episodios de esa naturaleza ilustraban hasta qué punto el miedo podía llegar a reemplazar nuevamente al derecho.

A ese fenómeno se sumó otro menos visible, pero igualmente significativo. El poder político comenzó a concentrarse alrededor de un círculo muy reducido de colaboradores. No creo que ello obedeciera necesariamente a una decisión deliberada del propio Uribe; más bien parece uno de los mecanismos habituales mediante los cuales todo gobierno exitoso termina construyendo su propia burocracia. Los colaboradores más cercanos adquieren autonomía, consolidan redes de influencia y levantan barreras cada vez más difíciles de franquear para quienes permanecen fuera de ese círculo. Muchos colombianos que vivíamos en el exterior durante aquellos años comprobamos cómo la participación en la vida pública se hacía prácticamente imposible si no se pertenecía a esos nuevos centros de poder. El proyecto que había comenzado como una recuperación de la autoridad estatal corría así el riesgo de reproducir, bajo otra forma, los mismos mecanismos de exclusión que criticaba en sus adversarios.

El episodio de los llamados falsos positivos constituye probablemente la expresión más dramática de esa degradación institucional. Los procesos judiciales han atribuido responsabilidades penales a numerosos integrantes de las Fuerzas Militares, mientras continúa el debate sobre el alcance de las responsabilidades políticas de los distintos niveles del Estado. Aquellos hechos ocurrieron cuando Juan Manuel Santos ejercía el Ministerio de Defensa y, años más tarde, él mismo encabezaría el proceso de paz con las FARC, alejándose políticamente de Uribe. Esa sucesión de acontecimientos ha alimentado múltiples interpretaciones, pero, cualquiera que sea el juicio histórico definitivo sobre sus protagonistas, la enseñanza filosófica permanece intacta: cuando el poder deja de estar suficientemente limitado por las instituciones, los errores terminan adquiriendo una dimensión que trasciende a las personas concretas y compromete al Estado entero.

Esa es, quizá, la principal lección que deja el falso dilema entre izquierda y derecha. Las etiquetas políticas poseen un valor muy inferior al de las instituciones que limitan el poder. Un gobierno no se vuelve justo por declararse de izquierda ni por proclamarse de derecha; lo hace únicamente cuando garantiza la libertad de sus ciudadanos, somete a sus gobernantes al imperio de la ley y permite que el poder pueda ser criticado, controlado y reemplazado sin recurrir a la violencia. Como recordaba Aristóteles, el hombre es un animal político precisamente porque busca deliberar racionalmente acerca del bien común. Esa deliberación comienza allí donde terminan las etiquetas y donde la razón vuelve a examinar, caso por caso, aquello que realmente conviene a la sociedad.

A lo largo de mi vida me he esforzado por hallar la verdad a través de la lectura y de la meditación, y en ese camino he encontrado argumentos filosóficos e históricos que refutan a la izquierda. Mi primer maestro fue Borges, quien abogó por una literatura independiente de las simpatías políticas de sus autores: un juicio que lo reivindica no sólo a él —por su fotografía junto a Pinochet—, sino también a Gorki, a Cortázar, a Alejo Carpentier, a Neruda y a Céline, entre otros. En Francia se ha discutido largamente la validez del écrivain engagé —el escritor comprometido—, aquel que, como Balzac, Zola o Pushkin, denuncia las injusticias de su gobierno y de su generación; esa discusión resulta legítima, pues el escritor forma parte de la vida misma que retrata. Gilles Deleuze ha sido, creo, el único pensador que ha descifrado la fórmula íntima del melodrama, aquel género que tanto admiró Gramsci al llamarlo «el lenguaje del pueblo». En sus estudios sobre cine, Deleuze analiza Susana (1951), de Luis Buñuel, y concluye que el naturalismo cinematográfico construye un universo completo y absolutamente cerrado —un medio que determina y termina por consumir a sus propios personajes—, muy distinto del cine fenomenológico, donde el mundo permanece siempre abierto a la elección y a la sorpresa. Susana llega a un rancho remoto en donde, a pesar de su belleza deslumbrante, carece de toda oportunidad de relacionarse con jóvenes de su edad; encerrada en ese medio sin salida, intenta resolver trágicamente su deseo con su patrón y con el hijo de éste. El naturalismo deleuziano describe exactamente esa trampa: un espacio que no ofrece ninguna vía de escape, y que convierte cualquier pulsión individual en una fuerza destinada a chocar contra sus propios límites.

El melodrama es exagerado e inverosímil, pero captura la admiración de sus espectadores. El acorazado Potemkin (1925) ha sido celebrado como la gran obra de Serguéi Eisenstein, aunque, según señaló el propio Borges, no deja de ser un melodrama que convierte a los oficiales en villanos y a los marineros que los asesinan en héroes. El cine estadounidense ha reforzado, ciertamente, esa misma lucha entre el mal y el bien; sus narrativas se reproducen en la imaginación de las nuevas generaciones, según observó Joseph Campbell, aunque prescinden casi siempre del discurso cristiano del perdón para emplear, en cambio, la herejía maniquea que ya denunciaba San Agustín: la vida reducida, sin matices, a la lucha entre el mal y el bien.

Considerar al Estado libertario como un ente opresor y tiránico, y a los ciudadanos que no participan en él como víctimas de ese mismo Estado, constituye un postulado atractivo para la izquierda. Sólo cuando la izquierda sube al poder y destruye las empresas privadas y las infraestructuras nacionales, los ciudadanos comprenden que el Estado «tiránico» que los gobernaba les permitía alimentarse con dignidad, mientras que el nuevo Estado socialista los devuelve a la esclavitud. El triunfo de la burocracia explica buena parte de ese fenómeno: senadores que no asisten a las plenarias, gozan de cuatro meses de vacaciones y reciben cuarenta y cinco millones de pesos mensuales de salario, prestaciones incluidas. Todo ciudadano colombiano, con un salario promedio de dos millones de pesos, aspira, por lo tanto, al poder como fuente de riqueza; pero nuestro sistema de gobierno permite, lamentablemente, la eternización de ese poder en pocas manos. Los mandos medios son quienes mantienen aceitada la maquinaria de la corrupción, y son ellos mismos quienes se encargan de destruir cualquier intento de reforma.

Los medios de comunicación comparten esa responsabilidad: entrevistan incesantemente a los políticos que los favorecen con pauta estatal o con la financiación de sus ONG, ad infinitum. Apenas ayer entrevistaban al anacrónico expresidente Gaviria sobre la reforma tributaria, en lugar de consultar a un economista de la nueva generación.

Los dogmas de la izquierda repiten, en el terreno político, el mismo mecanismo que Kant y la psicología Gestalt describieron en el terreno cognitivo: son un prefabricado intelectual fácil de digerir que evita que los jóvenes estudiantes lean a Aristóteles, a Hegel, a Nietzsche o a Derrida. Resulta más fácil demonizar como «fascista» o «paramilitar» a cualquier opositor del radicalismo de izquierda que investigar sobre el auge y la desmovilización de las autodefensas, y resulta igualmente más fácil gritar vivas al socialismo de Petro que preguntarse por su impreciso proceso de reinserción y por sus crímenes como guerrillero del M-19, grupo subversivo financiado en su momento por el propio Pablo Escobar.

Otros dogmas absurdos son repetidos sin ser analizados por los radicales: «Nos están matando», dicen los vivos; «Nos morimos de hambre», trina una mujer obesa; «Me amenazaron las Águilas Negras», proclama un senador enseñando un panfleto que habla de «lideresas y líderes sociales» —lenguaje exclusivo de la izquierda—.

Más allá de estas consignas repetidas sin examen, conviene precisar por qué el socialismo tropieza, allí donde promete redimir, con la realidad misma que pretende ignorar.

El socialismo descansa sobre una idea sencilla en apariencia: los medios de producción deben pertenecer al Estado o a la comunidad, y no a manos privadas. Friedrich Hayek explicó por qué esa sencillez resulta engañosa. En «El uso del conocimiento en la sociedad» (1945), Hayek demostró que ninguna autoridad central puede reunir la información dispersa —parcial, cambiante, contradictoria— que millones de individuos poseen sobre sus propias necesidades, capacidades y circunstancias. El precio de mercado condensa ese conocimiento disperso con una eficacia que ningún comité de planificación consigue igualar; suprimirlo conserva intacta la complejidad de administrar recursos escasos y se limita a trasladarla a manos mucho menos capaces de procesarla. La historia del siglo XX ofrece pruebas abundantes: las colas frente a los almacenes soviéticos, la cartilla de racionamiento cubana o la escasez crónica de medicinas en la Venezuela de Maduro constituyen consecuencias previsibles de un problema de información que ningún grado de buena voluntad consigue resolver, mucho más que simples accidentes de ejecución.

El segundo pilar del socialismo —la promesa de una igualdad sustantiva entre los hombres— tropieza con un obstáculo igualmente antiguo. Isaiah Berlin advirtió que la libertad y la igualdad constituyen valores con frecuencia incompatibles entre sí, y que ninguna sociedad honesta puede maximizar ambos simultáneamente sin sacrificar una parte de cada uno. Las diferencias naturales entre los hombres —de talento, de vocación, de disciplina, de fortuna— convierten a esa igualdad sustantiva en una quimera con fecha límite, mucho más que en una meta simplemente lejana. Y cuando el sistema económico deja de premiar el esfuerzo individual, el incentivo para trabajar, innovar y arriesgar se debilita con la misma constancia con que se debilitó en los koljós soviéticos.

Augusto Pinochet y Francisco Franco llegaron al poder como paladines de la lucha anticomunista y, aunque sus gobiernos fueron responsables de miles de víctimas —alrededor de 3.200 muertos y desaparecidos en el caso de Pinochet, y de entre 50.000 y 150.000 víctimas de la represión franquista, según las estimaciones históricas más difundidas—, ambos fueron perseguidos en vida y después de su muerte con un celo político, judicial y mediático que jamás conocieron sus némesis socialistas. Mao Zedong es considerado responsable de entre treinta y cuarenta y cinco millones de muertes, principalmente durante el Gran Salto Adelante. Joseph Stalin, por su parte, es asociado por distintos historiadores con entre quince y veinticinco millones de víctimas, resultado de las hambrunas provocadas por la colectivización, el Holodomor, el sistema del Gulag, las deportaciones masivas y las ejecuciones políticas. No se trata de absolver los crímenes de unos para condenar los de otros, sino de preguntarse por qué la memoria histórica distribuye de manera tan desigual la indignación. Si el juicio moral dependiera únicamente del número de víctimas, la jerarquía de los grandes criminales políticos del siglo XX sería muy distinta de la que hoy domina el imaginario colectivo. George Orwell, socialista convencido y víctima del estalinismo durante la Guerra Civil Española, comprendió antes que muchos de sus contemporáneos que el totalitarismo comienza por la conquista del lenguaje. 1984 representa magistralmente esa batalla semántica, en la que el poder deja de limitarse a gobernar los hechos para gobernar también las palabras con las que esos hechos serán recordados.

George W. Bush constituye otro ejemplo de los peligros del poder cuando éste se reviste de una pretendida superioridad moral. Mucho antes de los atentados del 11 de septiembre, la política estadounidense ya recurría a bombardeos periódicos sobre Irak como instrumento de presión internacional. La Operación Zorro del Desierto, lanzada en diciembre de 1998 contra el régimen de Sadam Husein, fue el antecedente más visible de una estrategia que Bush heredaría y ampliaría tras llegar a la Casa Blanca. La hybris de Bush no consistió en un impulso repentino provocado por los atentados de 2001, sino en la convicción, profundamente arraigada en el pensamiento neoconservador, de que los Estados Unidos, como única superpotencia, poseían no sólo la capacidad militar, sino el derecho moral de reorganizar el Medio Oriente según sus propios intereses estratégicos. La doctrina de la guerra preventiva, convertida en política oficial en 2002, llevó esa convicción hasta sus últimas consecuencias. Irak terminó sumido en una guerra civil, el vacío de poder favoreció la expansión de las milicias sectarias, Irán extendió decisivamente su influencia sobre Bagdad y el Estado Islámico surgió de las ruinas de un Estado destruido.

Los trágicos griegos llamaban hybris a esa desmesura que lleva al gobernante a creerse superior a todo límite; llamaban némesis al castigo inevitable que termina restableciendo el equilibrio.

Diversos periodistas denunciaron en su momento conflictos de interés entre integrantes del Comité Nobel que dieron a Juan Manuel Santos el Premio Nobel de la Paz y empresas petroleras noruegas a las cuales el gobierno de Santos había concedido importantes intereses económicos; tales denuncias no han sido esclarecidas de manera plenamente satisfactoria y continúan alimentando el debate público. Una década después de la firma, por parte de Santos, del Acuerdo de Paz, las víctimas siguen esperando la reparación económica prometida. Los informes oficiales muestran que numerosos bienes nunca fueron entregados, otros carecían del valor anunciado e incluso algunos recursos resultaron inexistentes. Si el patrimonio ilícito acumulado durante décadas permanece, en gran medida, fuera del alcance de las víctimas, resulta legítimo preguntarse si el diseño institucional del proceso terminó produciendo un lavado masivo de dólares del narcotráfico de la guerrilla FARC.

El tercer problema es histórico, y por ello mismo el más difícil de esquivar mediante argumentos. El socialismo real ha encontrado su terreno más fértil en países de instituciones frágiles, economías dependientes y culturas políticas ya inclinadas hacia el autoritarismo, mucho más que en democracias consolidadas. En ese terreno abonado, la promesa igualitaria termina alimentando exactamente aquello que decía combatir. La corrupción no disminuye: cambia de dueño. La represión no desaparece: se legitima con un nuevo vocabulario revolucionario. Y la escasez de bienes esenciales, lejos de ser una etapa transitoria hacia la abundancia prometida, se convierte en la condición permanente de sociedades enteras.

En mi caso particular me granjeé la animosidad de varios de mis docentes en los años ochenta, por mi afán de leer exhaustivamente los textos que nos imponían en clase. Tras dormir apenas tres o cuatro horas, llegaba al salón de clases y me encontraba con un docente que comentaba las noticias del día con una franca simpatía hacia los militantes de la siniestra, dejando la discusión de la lectura para los últimos diez minutos: entonces me veía en la penosa labor de corregir sus imprecisiones, porque comprobaba que el docente no había leído completamente las lecturas de la clase.

¿Es la izquierda —o, con mayor propiedad, la siniestra— la pose académica más accesible, aquella capaz de premiar a sus sustentadores con prebendas como los viajes? Ese es el atractivo canto de sirenas; pero, según le dije alguna vez a un amigo cineasta, el problema de apoyar incondicionalmente una corriente política es que se pierde, con ello, buena parte de la imparcialidad.

Numerosos intelectuales y artistas han aceptado los beneficios del gobierno cubano y su política represiva —que incluye ejecuciones y detenciones de disidentes— a cambio de una gratitud eterna y sin reservas hacia sus alojamientos confortables y sus opulentas cenas. Entre ellos se encuentran figuras como Ernest Hemingway y Gabriel García Márquez, por mencionar solo algunos. Incluso conozco a varios amigos que han seguido ese mismo camino; uno de los casos más llamativos es el de una documentalista que viajó a Cuba en busca de las atenciones sexuales que su vida burguesa en Filadelfia le negaba.

El término «la siniestra» no encierra aquí desprecio ni sarcasmo: alude a los arúspices, aquellos sacerdotes de la antigua Roma que observaban los movimientos de las aves y examinaban las entrañas de animales sacrificados para predecir el futuro. Para los romanos, las aves que giraban repentinamente hacia la izquierda durante su vuelo constituían un presagio de hambre, pobreza o calamidad.

Esta interpretación hundía sus raíces en tradiciones religiosas milenarias. Jano, el dios de dos caras, miraba hacia la derecha para observar lo que ocurría en el mundo de los mortales, y hacia la izquierda para enfrentar el mundo de los espíritus y de lo desconocido.

Hacia el final de Retrato del artista adolescente, de James Joyce, Stephen Dedalus busca una señal de Dios sobre su propio destino: quedarse en Irlanda o partir hacia Francia. En ese instante observa un primer grupo de aves que emigran hacia la derecha, y recuerda al místico Emanuel Swedenborg, quien sostenía que Dios había otorgado a las aves el don de anticipar los acontecimientos para evitar el azote de las primeras nevadas.

Algún lector creerá que comento necedades; pero resulta más necio quien desprecia la sabiduría de sus ancestros, puesta a prueba, según ya lo había advertido Aristóteles, por generaciones sucesivas a lo largo de varios siglos. Básteme citar el hundimiento del célebre Titanic: nadie más, que yo sepa, ha señalado la coincidencia entre el destino de los Titanes, hermanos de Zeus, y el del barco de pasajeros más lujoso de comienzos del siglo XX. Entre el mito y la realidad se revela una serie de paralelismos inquietantes.

Los Titanes, antiguos enemigos de los dioses olímpicos, desafiaron la autoridad de Zeus y sus hermanos, y provocaron con ello la guerra conocida como la Titanomaquia. Su rebelión los condujo al Tártaro, una prisión en las profundidades de la Tierra, donde quedaron sepultados y condenados a no regresar jamás. Ese acto de desafío, y el castigo que le siguió, ilustran la imposibilidad de escapar al destino una vez que se ha desafiado a las fuerzas superiores.

De manera semejante, el Titanic —el «insumergible» de su época— desafió a la naturaleza y las advertencias sobre los icebergs en su viaje inaugural. A pesar de su lujo y de su tecnología avanzada, chocó con un iceberg en el Atlántico Norte y se hundió en una de las tragedias más notorias de la historia marítima. También él quedó sepultado en el fondo del mar, en una tumba acuática de la que nunca habría de regresar.

Ambas historias de desafío y sepultura en el mar transmiten la idea de un destino inquebrantable y de las terribles consecuencias que acarrea retar a lo divino o subestimar los peligros. Estos relatos, aunque separados por la mitología y la historia, comparten una misma advertencia sobre la arrogancia humana y la fragilidad de nuestros logros frente a las fuerzas naturales y cósmicas.

¿No ha demostrado la izquierda —o, si hablamos con mayor propiedad, la siniestra— ser, por la misma ominosa elección de su nombre, un movimiento político que ha causado hambre, derrota y muerte a lo largo de los dos últimos siglos de su historia?

Las categorías tradicionales de izquierda y derecha tampoco bastan para comprender fenómenos contemporáneos como el de Donald Trump. Sus adversarios lo presentan como representante de la extrema derecha; sus partidarios, en cambio, lo consideran un defensor de la democracia liberal frente a regímenes autoritarios y redes internacionales de corrupción. Sea cual fuere el juicio definitivo sobre su figura, el verdadero problema trasciende las etiquetas ideológicas. La corrupción que impulsa millones de personas a emigrar hacia Europa y los Estados Unidos no surge, como él repite, únicamente de los países pobres; encuentra también la colaboración de sus corruptos líderes sociales bajo la connivencia de bancos, empresas, gobiernos y organizaciones internacionales dispuestos a beneficiarse de ella. Ningún proyecto político podrá aspirar a la justicia mientras continúe ignorando esa responsabilidad compartida.

No por ello exonero a los demás movimientos políticos de su parte de responsabilidad. Evitar tanto el radicalismo de la izquierda como aquel radicalismo del que sus propios prosélitos suelen acusar a sus críticos ha sido mi labor como escritor a lo largo de dos décadas: una voz que atraviesa, según el antiguo mito de Hércules, el estrecho paso entre Escila y Caribdis —entre la diestra y la siniestra—.